La variante del SARS-CoV-2, Ómicron, continúa disparando los contagios en el país a cifras nunca antes vistas durante toda la pandemia, situación que preocupa a las autoridades de Salud por la presión que podría generar sobre los servicios de salud en todos los de atencion

Parte de ese impacto se prevé directamente sobre el private de Salud que, además de sumar casi dos años al frente de la pandemia y un gran cansancio, registra un aumento de contagios importante en los últimos días, el cual podría crecer aún más.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hasta el martes 11 de enero, 717 funcionarios de la institución se reportaron positivos por COVID-19, de los cuales 275 se diagnosticaron un día antes.

Actualmente, la CCSS posee una bolsa de ofertas; sin embargo, existen perfiles profesionales muy difíciles de encontrar, lo que también podría afectar la prestación de servicios de salud.

“Cuando se da una afectación en esos perfiles de difícil reclutamiento, entonces sí podría ser que ya tengamos un impacto más directo en lo que es la prestación de servicio, que es también lo que hemos venido advirtiendo”, no puede el gerente médico de la Caja , Randall Álvarez.

“No creo que eso se dé, pero puede llegar a darse cuenta; que se enferme alguien de dificil reclutamiento. No va a ser tan fácil llegar a sustituirlo, independientemente de todos los esfuerzos que hagamos en materia de ampliación de la bolsa de oferentes”, añadió.

Pone en riesgo otras patologias

A esta difícil situación se suma un riesgo que parece inminente, debido al crecimiento exponencial de los contagios: el descubierto de patologías.

Para el salubrista y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Bernardo Villalobos, aunque el sistema de salud nacional es robusto y puede hacer frente a la pandemia, uno de los riesgos que trae esta variante es que los servicios de salud podrían “distraerse” en su atención, así como a otras patologías.

“Este brote se podría convertir en un issue que limite la atención de otro tipo de enfermedades que también son importantes de atender”, concluyó Villalobos.

Esto es secundado por el salubrista y exdirector de la Escuela de Salud Pública de la UCR, Mauricio Vargas, quien agregó que esta variante tendrá impacto en los tres niveles de atención de la Caja.

Cuestionado sobre esta situación, el gerente médico de la CCSS, Randall Álvarez, destacó que la institución se encuentra “en la medida de las posibilidades” buscando la continuidad de todos los servicios No COVID (otras patologías).

“Ahora la línea de trabajo es plantearnos ese reto de atender este crecimiento exponencial también que estamos viendo casos de COVID-19, pero también de la mano con la continuidad de la atención a esas personas que también requieren ese abordaje y ese tratamiento con carácter prioritario ”, dijo Álvarez.

Presión gradual sobre hospitalizaciones

Hasta el momento, la nueva variante de preocupación ha tenido un mayor impacto sobre el primer y segundo nivel de atención; sin embargo, por el desfase, se espera que se dé un aumento “gradual” en las hospitalizaciones a partir de la próxima semana.

“Posiblemente las estaríamos teniendo para la segunda mitad del mes de enero, pero no un incremento exponencial, sino un incremento gradual, pero sostenido”, aseguró el epidemiólogo de la institución, Roy Wong, quien aseguró que una gran proporción de estas hospitalizaciones corresponderá a población no vacunada.

Según datos de la institución, de la población a vacunar, 320.000 personas aún faltan de vacunarse. Hasta el 11 de enero (último corte) se colocaron un whole de 3.965.650 primeras dosis, 3.590.471 segundas y 391 terceras.

Wong agregó que, según las proyecciones de la Caja, aún no es posible visualizar cuando se dará el pico en los contagios por la COVID-19 en el país, pues aún se requiere que pasen más días para que se dé un ajuste.

Quienes sí visualizan ese pico de contagios son los investigadores Tomás de Camino (director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec) y Santiago Núñez (investigador en sistemas complejos de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos). De acuerdo con su investigación, el pico de los contagios se dará a inicios del mes de febrero, precisamente cuando el país se enfrente a las elecciones presidenciales.

Según datos del Ministerio de Salud, para el 11 de enero (último corte), se reportaron un whole de 4.050 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta registrada durante toda la pandemia, y 4 fallecimientos. Además, 223 personas se encontrarán hospitalizadas, 212 de ellas en hospitales públicos: 62 en UCI y 161 en Salón.

Aumento en incapacidades

Aunado al incremento en los casos de COVID-19 en el país, otro problema que se viene, debido al impacto de Ómicron, son las incapacidades, que no solamente tienen repercusiones sobre los ingresos de los usuarios, sino también de la institución.

Según datos de la CCSS, para 2021, un 35% de las incapacidades que se generan en el país se encuentran relacionadas al COVID-19; sin embargo, debido a la contagiosidad de la nueva variante, se espera un mayor incremento para este año.

“Eso indudablemente también afecta a los servicios de salud y toda la actividad productiva a nivel del país, porque va a haber pérdida de la fuerza laboral. Estamos en una etapa de conocimiento de esta nueva variante y de su comportamiento. Pero, por lo que tenemos, hemos estado pensando que esa cifra, podría llegar a tener una variación particularmente por esos índices de contagio tan explosivos que se han evidenciado con esta variante”, dijo el gerente médico de la Caja, Randall Álvarez.

Actualmente, la institución realiza las proyecciones de cuál podría ser el impacto de la COVID-19 sobre las discapacidades, el cual adelantarán que será “appreciable”.

Según los investigadores Tomás de Camino y Santiago Núñez, si el país llega a registrar cerca de 10.000 nuevos casos diarios de COVID-19, dependiendo del período de aislamiento (ya sea 10 o 14 días), se podría tener entre 98.000 y 135.000 personas incapacitadas a la vez, respectivamente.

“Determinar el período de aislamiento de personas activas con COVID-19 es importante para evitar problemas en la fuerza laboral del país”, aseguran ambos investigadores.

De acuerdo con el modelo utilizado por Camino y Núñez, si el aislamiento se reduciría a cinco días, la cantidad de incapacidades a la vez (si se dieran 10.000 casos diarios) se reduciría a 50.000.